La historia siguiente ha ocurrido en la España constitucional y democrática de nuestros días, no en el pasado. La Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana denegó la posibilidad de adoptar una niña china al matrimonio formado por Josefa Ibáñez y Rafael Espí porque "tienen dificultades en la comprensión verbal, puesto que normalmente se expresan en valenciano" y "porque cuentan con pocos recursos personales para asimilar contenidos". La resolución ignoraba los preceptivos informes psicológico y social que sí les consideraban idóneos para la adopción. El matrimonio, que vive en Agullent (Vall d'Albaida), recurrió en el juzgado de primera instancia y perdió, pero la Audiencia Provincial de Valencia, en  cambio, dictó un veredicto favorable a Josefa y Rafael, en marzo del año pasado. Con las idas y venidas por los pasillos judiciales, el matrimonio ha sobrepasado los 55 años, edad tope marcada por las autoridades chinas. En estos momentos, esperan adoptar una niña de Ucrania, país que no fija límites.

El caso merece una reflexión, a tenor de lo que explican los interesados y su abogado. Como si se tratara de una mala comedia de la España de Franco, a Josefa y Rafael las autoridades autonómicas valencianas les han hecho sentir como si fueran tontos y aquello que, en otras épocas, se llamaba paletos, sobre todo por el hecho de que se expresan mejor en valenciano (lengua totalmente constitucional) que en castellano y carecen de estudios. Josefa ha explicado: "Hemos hecho mil viajes a Valencia y nos han tratado como a terroristas, toreándonos e ignorándonos". El matrimonio, que ha trabajado siempre en el campo y en las industrias textiles de la zona, posee una casa de campo de 180 metros cuadrados con piscina y su gran ilusión es ver crecer a su hija adoptiva.

Esta historia está atravesada por prejuicios de todo tipo. El del mundo urbano sobre el mundo rural, el de los hablantes de un idioma sobre los de otro, el de los ignorantes con carrera universitaria sobre aquellos que han aprendido del sentido común, y el del funcionario arbitrario sobre el administrado indefenso. Pero, lo más relevante de este episodio es la invisibilidad de los agraviados y, por tanto, su imposibilidad de hacer llegar la idea de grave injusticia, de discriminación y de lesión
sobre sus derechos. Dicho de otro modo: la gran desgracia de Josefa y de Rafael es no formar parte de ninguna minoría organizada, capaz de presionar a los políticos y a los periodistas. No se trata ni de una pareja gay moderna, ni de un matrimonio de inmigrantes exóticos y famélicos, ni de okupas con padres bien situados, ni de famosos simpáticos de la farándula. A Josefa y Rafael no les adorna ninguno de los atributos de moda para que se ponga en marcha la cadena solidaria habitual. La que empieza con la noticia a todo volumen, sigue con la indignación amplificada de los afines y llega a su cenit con la solidaridad políticamente correcta de todo a cien. Es la fórmula mágica para calmar nuestras malas conciencias y sus fantasmas. Gente sencilla del campo valenciano, de la que nunca es portada, no parece que sea buena materia prima para hacernos sentir tan buenos y comprometidos como, sin duda, somos y estamos.